foto: Anai Castillo
POR MIRIAM SERRANO
Jairo López, integrante del colectivo Sangre de mi Sangre Zacatecas, declaró a puntos suspensivos que son más de 3 mil 600 personas desaparecidas en la entidad y que, según la Ley Estatal de Desaparición de Personas, el gobierno y todas las instancias competentes tienen la obligación de generar planes de prevención del delito de desaparición de personas, pero desde el 2020 no se ha generado un plan de prevención en el estado que tenga una evaluación y seguimiento, “no lo han hecho”.
Expuso que él forma parte de este colectivo, que es plural, de ciudadanos de Zacatecas que está integrado por personas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y estudiantes, pero principalmente por familiares de personas desparecidas que los acompañan en este proyecto.
¿Cómo surge Sangre de mi Sangre?
Sostuvo que este proyecto surgió en la ciudad de Guadalajara con la colectiva Hilos, un tejido colectivo con rafia roja, en el que se tejen grandes redes que representan la sangre que ha corrido en México durante todos estos años de guerra y de violencia; ellos iniciaron en 2019 con un carácter más artístico.
En junio de 2022 hicieron una invitación a colectivos de organizaciones en todo México a retomar esta iniciativa del tejido colectivo y es ahí donde colectivos de personas desaparecidas, específicamente Zacatecanos por la Paz traen el proyecto a la entidad y hacen una convocatoria para iniciar y fue cuando comenzó en la Alameda Trinidad García de la Cadena.
Puntualizó que al principio llegaron muy pocas personas, pero creció y se extendió mucho, “de manera sorprendente”, pues generó mucha solidaridad; sin embargo, también dijo que es triste porque lo que terminó articulando estas jornadas de tejido en el espacio público fue la unión en torno al problema de la desaparición de personas en Zacatecas.
Detalló que en los últimos cuatro años en la entidad el fenómeno de la desaparición creció mucho, entonces este proyecto ayudó a articular muchos intereses de quienes les preocupa esta realidad y cada vez fue llegando más gente.
Jairo López expresó que lo que se busca con el tejido es generar estas piezas artísticas que representan la sangre de quienes no están, de quienes han sido víctimas de la violencia, pero también que ese material se tome y rompa en el espacio público como una forma de generar conciencia y enviar un mensaje a la sociedad de que no es normal lo que está pasando.
Aclaró que la Comisión Local de Búsqueda y la Comisión de Víctimas del Estado, así como el gobierno tienen una interlocución con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que en la entidad hay por lo menos cinco: Buscando tu rastro con amor, Buscadoras Zacatecas, Familias Unidas por una Esperanza, Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, y Amor y Esperanza y Lucha.
De igual forma, declaró que Sangre de mi Sangre es un colectivo de solidaridad y acompañamiento, en su mayoría compuesto por personas que no tienen familiares desparecidos, pero que decidieron apoyar porque no pueden ser indiferentes frente a lo que pasa.
Comentó que la interlocución de los organismos de gobierno son directamente con los colectivos de víctimas, aunque aclaró que siempre se ha reconocido el trabajo realizado, pues nunca se les ha impedido hacer alguna de las reacciones en el espacio público, en la Alameda, en el parque Sierra de Álica, en la Plaza de Armas, en la Plaza Bicentenario, Jerez y Fresnillo.
No obstante, puntualizó que, ante la realidad de este problema, las autoridades dan atención insuficiente a las demandas y derechos de los colectivos.
Discusión Perversa
Jairo López expuso que, como investigador de la Unidad Académica de Ciencias Políticas en la UAZ, hay una discusión un tanto perversa con el tema de las cifras de personas desaparecidas porque se reduce una realidad tan dolorosa y dramática a una disputa de si son más o menos.
La realidad, aseguró, es que la desaparición de personas se generalizó en Zacatecas como un mecanismo de violencia normalizado, incluso se ve que en los últimos cuatro o cinco años se concentra entre el 60 o 70 por ciento del histórico de desapariciones de personas en la entidad.
Éste es un fenómeno actual y de este momento, el tema de las cifras, destacó, es importante porque da un indicio de la profundidad de la crisis.
Sin embargo, indicó que no hay una cifra exacta de cuántas personas desaparecidas hay en el estado por las mismas características que este delito y este crimen tiene, en primer lugar, quienes tienen un familiar víctima de desaparición sufren muchas condiciones que les impide o les dificulta la denuncia, por el miedo, porque son víctimas de extorsión, de amenazas y también por la misma estigmatización social, porque cuando una persona desparece a su familia lo que se le viene encima es “el juicio de sus familiares, de sus amigos o de la sociedad en decirles en algo estaba, por algo habrá sido”.
Entonces, explicó que todos estos mecanismos inhiben la denuncia y se habla de que un poco más de la mitad de las desapariciones no se denuncian, por lo que nunca se podrá tener una cifra real de la dimensión del problema.
Lo que sí se tiene, dijo, son cifras oficiales con el Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, Desaparición que elabora la Comisión Nacional de Búsqueda y que es una base de datos que tiene alguna información pública y se dice cuántas personas han desaparecido, de qué sexo, rango de edad, en qué periodo de tiempo, etcétera.
Más de 3 mil 600 desaparecidos
El investigador afirmó que cuando se revisan los datos de la Comisión de Búsqueda se tienen que en el histórico de 1962 hasta agosto de 2023 había 3 mil 600 personas desaparecidas y/o no localizadas, esto sin contar las que desaparecieron y fueron localizadas con o sin vida, son quienes aún tienen ese estatus.
Las cifras que dio el comisionado local, Everardo Ramírez Aguayo, de mil 904 personas obedece sólo al conjunto de personas desparecidas porque ellos al llevar sus registros, según la ley diferencian entre las personas desaparecidas y no localizadas.
Pero, como sociedad civil, como academia y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otro tipo de organizaciones es que esa diferenciación no se puede hacer para tratar de reducir el nivel de la crisis, porque la persona no localizada está también desaparecida y no se sabe dónde está ni la autoridad ha podido dar razón de dónde se encuentra esa persona.
Se lucha contracorriente
El docente indicó que desde la discusión de la ley, el movimiento de familiares de personas desaparecidas en México tuvo que luchar mucho para que dentro de la misma se incluyeran a las víctimas de desaparición, tanto por parte de agentes del estado como por particulares.
“Porque lo que el Estado buscaba era lavarse las manos y decir que si desaparecen y no es desaparición por un agente estatal, no es una desaparición forzada y el movimiento de derechos humanos fue decir, no, todos son desaparecidos y es responsabilidad del Estado prevenir y evitar que las personas desaparezcan y cuándo desaparecen garantizar los mecanismos de búsqueda con vida y todos los procesos de justicia derivados de eso”, sentenció.
Asimismo, explicó que “la línea es muy delgada y muchas veces se valen de eso para reducir los indicadores, con esta manera tan perversa de buscar cómo reducir una crisis que a todas luces es muy grande porque lo que suele pasar es que cuando los familiares van a interponer las denuncias son los familiares a quienes les cae la responsabilidad de llevar las pruebas, de llevar la información de qué fue lo que pasó porque las fiscalías y las autoridades no hacen nada, queda en manos de las familias el poder documentar y demostrar que su familiar fue víctima de una desaparición y no simplemente se marchó de su hogar y nunca más volvió a aparecer”.
Las autoridades, agregó, se valen de eso, y es difícil porque muchas de las desapariciones ocurren sin testigos, ocurren de manera oculta y es difícil documentar cuál fue el motivo de la desaparición.
Indicó que en las jornadas de tejido se han dado cuenta de muchas cosas, cuando llegan los familiares, generalmente son mamás o hermanas, también esposas de personas desparecidas, porque también hay la violencia de género donde recae en las mujeres la responsabilidad de buscar a sus familiares.
Llegan a las jornadas y les comparten sus historias cotidianas, cuando van a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a preguntar por sus expedientes y éstos no avanzan, o se engordan a partir de material e información que ellas mismas llevan a la fiscalía, o bien, que el encargado de la investigación tiene a su cargo 300 o 400 casos más y ni saben el nombre sobre quién están preguntando.
Se da “una burocratización del sufrimiento, se llenan las Fiscalías de expedientes simulando que hay atención, pero realmente no hay resultados, no hay búsquedas efectivas ni resultados que muestren que la impunidad está cayendo, no hay avances en ningún tipo de investigación”, reprochó.
Relató que hace como un mes, en una de las jornadas en La Alameda con dos mujeres, una esposa que su marido desapareció hace 11 años y con una mamá que su hijo desapareció en Fresnillo hace seis meses y las dos contaron las mismas historias de trato de las fiscalías, de la Comisión de Búsqueda, de las autoridades, “con 11 años de distancia, como si no hubiera pasado nada en todo ese tiempo, como si las leyes no obtuvieran efecto, como si los funcionarios no estuvieran capacitados”.
Jairo López expresó que es el rol que han asumido las y los familiares, quienes realmente son los que están buscando, incluso es más doloroso cuando las familias son quienes asumen los riesgos y los costos y aun así las autoridades les ponen límites en sus procesos de búsqueda y de intentos de localización de los suyos.
Aumentan los desaparecidos
“Lo que se debe hacer y que es muy importante es seguir generando conciencia sobre lo que implica la desaparición, que se normalice como una práctica el mecanismo de violencia, se está hablando que en 2021 hubo más de 850 personas desaparecidas y no localizadas, por lo menos en las oficialmente reconocidas”, declaró el docente investigador.
Explicó que, si se hace un cálculo, significa que en Zacatecas desaparecen diariamente dos personas, es decir, “que es una realidad que es muy grave y que está presente y si se ve en términos proporcionales, Zacatecas es un estado con poca población, un millón 650 mil habitantes y cuando se ve en términos de tasa proporcional, las cifras de desaparición hay una tasa de poco más de 40 personas que desaparecen por cada 100 mil, lo que quiere decir que es el estado con mayor probabilidad de que una persona sea víctima de desaparición hoy”.
Por ello, agregó que se tiene que generar conciencia, “porque las autoridades sólo van a responder cuando vean que es un tema que le interesa y le preocupa a la sociedad, mientras siga criminalizado, escondido, oculto no va a haber cambio”.
Señaló que Jalisco, Veracruz y Estado de México son entidades con más de 5 millones de habitantes, entonces en términos del acumulado, si se van a comparar las cifras con Zacatecas son más, pero si se atiende la proporción de la población de Zacatecas, es donde se ve la intensidad del fenómeno de la desaparición de personas.
“Y, si se ve que en los últimos tres años la desaparición ha crecido, el llamado que se hace como sociedad civil es el preocuparse menos por tratar de minimizar lo que pasa y ocuparse en las obligaciones que se tienen”, afirmó.
De igual forma, destacó que “las familias no buscan el castigo de los culpables, lo único que exigen es saber qué pasó con sus familiares, ni siquiera hablan de que son colectivos que buscan venganza o que exijan al gobierno que detengan a los responsables, sino dónde están, qué pasó y cómo los pueden encontrar”.
