Por Miriam Serrano
La situación que prevalece con los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado y las negociaciones empantanadas con el fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, y gobierno estatal ha llegado a tal grado que las afectaciones a terceros desbordan ante la cerrazón de ambas partes.
En esta semana se han multiplicado las personas desaparecidas en diversos puntos de la entidad, sumándose a miles que se encuentran aún en esa condición, muchos de ellos gente de bien, lo que hace inexplicable el por qué fueron privados ilegalmente de su libertad.
Los avances de hallazgos desafortunadamente no resultan alentadores cuando el desenlace es fatídico, como las menores Sheyla y Katty, quienes tuvieron la mala suerte de decidir acudir a un baile que se desarrolló en la comunidad El Orito y que finalmente fueron localizadas y regresaron a casa, pero en un ataúd.
Como este caso suman cientos en los que los resultados no son positivos, pero ante la desesperación de no saber dónde están sus familiares, los suyos prefieren la certeza de tener una tumba a dónde irles a llorar, que no saber dónde están.
A toda esta realidad se suma la falta de operatividad de la FGJE por la toma de sus instalaciones en una demanda totalmente legítima de los trabajadores quienes, literalmente “arriesgan el pellejo” todos los días en condiciones ínfimas y con sueldos para nada suficientes.
También es una realidad que el hecho debió asumirse de inmediato y no hasta que “la papa caliente reventó”, pues de haber sido de esa manera, las consecuencias no habrían escalado tanto a la ya de por sí insuficiencia con la que cuenta este organismo ante el crecimiento imparable de la inseguridad y la violencia en la entidad.
Es momento de revisar y asumir el cómo sí puede llegarse a un acuerdo justo, pues “montarse en el macho” de que las condiciones deben ser tal, no abona en nada a resolver el conflicto.
Gobierno del Estado informó que puede darse un incremento importante en los salarios de los trabajadores de la fiscalía bajo el argumento de que éste habrá de iniciar con los que menos ganan y sería hasta el presupuesto de 2024.
La lógica indicaría que es lo más justo, pero esa lógica no encaja con los trabajadores que diariamente “salen a partirse la madre” para resolver los crímenes que se presentan una y otra y otra vez.
Por su parte, los trabajadores deberían analizar a fondo dicha propuesta y realizar una contrapropuesta que sea viable para ellos, porque de lo contrario, el tema seguirá trabado mientras la justicia sigue avanzando más lentamente de lo ordinario.
La toma de vialidades, de instalaciones y las manifestaciones en sí mismas hablan del grado de desesperación de los trabajadores al no tener respuestas contundentes y de real beneficio para su situación actual, esto, sin duda, afecta a terceros y eso incluye a todos los sectores de una sociedad cansada de una realidad que asfixia ante los pocos resultados que en varias materias torales se han tenido.
Se anuncia inversión, se anuncian avances; sin embargo, al hacer un contraste de éstos con la realidad, por enésima vez, ésta supera y con mucho.
Llegó el momento de asumir la verdadera responsabilidad, basada en la empatía y para ello sería bueno que varios de los funcionarios y, por qué no, el propio mandatario estatal, David Monreal Ávila, se aplicarán a vivir un día en la vida de un perito de campo, de un médico forense y hasta de un policía de Investigación para entender que no es la misma visión cuando los toros se observan desde la barrera… AL TIEMPO.
