Foto: Miriam Serrano
MIRIAM SERRANO
Docentes de las delegaciones denominadas como demócratas exigieron la aclaración del padrón que publicó el Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) para las votaciones con las que se pretende legitimar uno de los estatutos; además, informaron sobre la suspensión de toda toma de decisiones en el sindicato por un ordenamiento judicial.
Alberto Vélez Rodríguez, docente integrante del grupo disidente, afirmó que se trata de un padrón “manipulado y elaborado a modo para favorecer al grupo o expresión política que representa el sindicato”.
Lo anterior porque, declaró, se han visto afectados en la inclusión del padrón, ya que dijeron no estar incluidos y la secretaria general, Jenny González Arenas, “se niega a conciliar los criterios con los que está conformando el padrón”.
Sostuvieron que los estatutos son muy claros al señalar que para formar parte de un padrón y tener derecho a voto se requiere tener una antigüedad mínima de tres meses, ejercer la docencia y no ser funcionario de la universidad, en el sentido de que no se ocupe un cargo de confianza que estipula la Ley Federal del Trabajo, que estipula cuáles son esas actividades.
Sin embargo, agregó que “la secretaria general es la que estipula cuáles son las actividades de confianza y eso no es correcto, por ello se debe transparentar y aclarar por beneficio de todos los agremiados para saber cuál es su posición dentro del sindicato”.
Aseguró que los agremiados “tienen derecho a voz y voto”, siempre y cuando se cumpla lo estipulado en el estatuto vigente, porque eso es conducirse con legalidad.
Por lo anterior, el grupo disidente informó que se interpuso una demanda ante la autoridad laboral por lo que se suspende cualquier acción del sindicato.
Puntualizó que en agosto se publicó la convocatoria para el foro de reforma estatutaria, lo cual también consideraron una irregularidad, pues explicaron que ésta debió presentarse primero ante la coordinadora de delegados y después hacerla pública, pero no ocurrió así.
Los docentes agregaron que después se efectuaron varios foros y se iba a hacer una integración en reunión de coordinadora de delegados para presentar el resultado de los mismos, pero tampoco sucedió, por lo que la convocatoria se violó.
“Después se convocó a la primera asamblea general sin que las delegaciones conocieran o hubieran revisado el padrón preliminar que se hace antes de una asamblea; se publicó un padrón definitivo, entre comillas, unas horas antes y se dio el recorte ilegal de 563 sindicalizados que han cumplido con sus obligaciones y que mantienen sus derechos vigentes”, reprocharon.
De igual manera, sostuvieron que en el padrón de mayo, con el que fue elegido este Comité Ejecutivo, estaba conformado por 2 mil 903 integrantes y ahora son 2 mil 363, por lo que faltan 563.
Las delegaciones sindicales democráticas se dijeron afectadas con lo anterior, por lo que evitaron que se realizara la asamblea general y, “por presión de las delegaciones, se publicó un nuevo padrón enmendando sólo algunos casos, solo el de 137 personas; sin embargo, persiste la violación de los derechos de 426 personas”.
Ante ello se interpuso una demanda ante la autoridad laboral para que ésta solicitara a la secretaria general “que dejara de citar a asamblea donde se tomaran decisiones que afecten a todos los agremiados”, mencionaron.
Asimismo, los profesores afirmaron que, pese a que se citó a votación en plebiscito este miércoles para votar sobre la reforma estatutaria, la autoridad laboral conminó a González Arenas a que se abstenga de realizarlo porque se implementaron medidas cautelares y, por tanto, debe suspender todo acto que violente la medida provisional hasta que haya una resolución.
