FOTO: ANAI CASTILLO
MIRIAM SERRANO
Al destacar que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en vinculaciones a proceso y que 91 por ciento de las sentencias en materia penal son condenatorias, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, expuso que el Poder Judicial tiene un gran reto en la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar, además de la fuerte carga de trabajo existente.
Lo que provocó la pandemia
Nahle García comentó que la pandemia de 2020 por el Covid-19 provocó una serie de situaciones que repercutieron no sólo en el Poder Judicial de Zacatecas, sino en los de todo el país: “muchos negocios cerraron, se tuvo que despedir a muchos trabajadores y eso incrementó los juicios laborales”.
Explicó que también con la contingencia de salud crecieron las defunciones y con ello se dispararon los juicios sucesorios; además, el confinamiento provocó el aumento de la violencia familiar y esto generó incremento en los juicios familiares por violencia.
De igual forma, agregó que crecieron los juicios mercantiles e hipotecarios debido a que hubo gente que ya no pudo pagar sus adeudos; además, “si se agrega el fenómeno delictivo, que ese no tiene que ver con la pandemia, han crecido las extorsiones, homicidios, secuestros”.
Sin embargo, el magistrado presidente expuso que hay tres delitos que crecieron impresionantemente: el abandono de familiares, la violencia familiar y los delitos sexuales, “la violación en todas sus modalidades, la equiparada, la agravada, el acoso, el abuso sexual, delitos que, en su gran mayoría las víctimas son menores y que en muchos casos los agresores son familiares de las víctimas”.
Si a esta realidad se agrega que el año pasado el Poder Judicial tuvo un déficit presupuestal considerable, todo lo anterior “se vuelve un gran reto”, pues también “les tocó” implementar el Nuevo Sistema de Justicia Laboral y muy pronto estarán inmersos en la implementación del Sistema Civil y Familiar.
Nuevo Sistema Civil y Familiar
El magistrado presidente explicó que este nuevo sistema es todo un reto, pues, cuando se hizo la reforma al sistema penal en 2008, se estableció un plazo para su implementación, mismo que concluyó en 2016 con los juicios orales y hubo muchos recursos federales y locales, así como de un fideicomiso que manejaba Banobras, incluso, dinero de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida.
Para dimensionar el tamaño del reto, Nahle García expresó que los asuntos penales representan en todo el país aproximadamente 20 por ciento de las cargas de trabajo, mientras que los asuntos civiles y familiares el 70 por ciento.
Pues ahora, para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar en todo el país, no habrá ocho años, sino cuatro y, “lo más increíble, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles se establece que el costo de la implementación se lo dejan al 100 por ciento a las Legislaturas locales, por lo que no habrá recursos federales ni fideicomisos ni de Estados Unidos”.
Por lo anterior, aseguró que si no hay recursos federales no podrá implementarse, pues se necesitan
miles de millones de pesos, pues tienen que construir salas de oralidad, amueblarlas y equiparlas, además de contratar personal para su manejo, difundir y capacitar a los operadores, jueces, magistrados y secretarios, de acuerdo a proyectistas, actuarios, notificadores, auxiliares, litigantes, peritos, fiscales y muchos más.
Además, agregó que en el Código se establece la justicia digital, en línea, que celebró porque “esta justicia no es el futuro, sino el presente; sin embargo, para ello se requiere de nuevas computadoras, la inversión en tecnología y equipo será muy importante”.
Ejemplificó con un juzgado donde se tienen al menos nueve computadoras, mientras que en la entidad hay 73 juzgados de primera instancia, más las salas de apelación, centro de justicia alternativa, centros de convivencia familiar supervisada, las áreas administrativas, “sólo para que nuevamente se pueda dimensionar cuántos equipos se requieren”.
Ante esta realidad, informó que recientemente acudió a la Cámara de Diputados en Ciudad de México, donde se reunieron todos los presidentes de los poderes judiciales del país con los legisladores de todos los partidos que integran la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En la reunión les expusieron la situación, “que deben etiquetar en el presupuesto federal dinero para este propósito durante los próximos cuatro años”.
Nahle García indicó que quienes destinan los recursos deben tener muy claras las prioridades y cuestionó “¿cuál debería ser la más alta prioridad en este país? El turismo, la cultura, la vivienda, la infraestructura, no nos hagamos, hoy por hoy el reclamo número uno de la sociedad mexicana […] es la seguridad”, expresó.
“Lo que el pueblo mexicano reclama es seguridad y justicia, porque son temas que van de la mano binomio indisoluble, y van de la mano porque una de las causas de la violencia es la impunidad y las instituciones que procuran e imparten justicia son las encargadas de abatir los niveles de impunidad tan altos del país, por ello es a la seguridad y a la justicia a lo que se le debe de invertir”, enfatizó.
La impunidad
El titular del TSJEZ explicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hace estudios y censos en materia de impunidad y en el país tenemos “noventa y tantos por ciento de impunidad, esto significa que, de cada cien delitos que se comenten, noventa y tantos quedan sin castigo, son niveles brutales”.
Sin embargo, detalló que de esos cien delitos que se cometen, 80 no se denuncian, “por lo que queda explicada una parte del problema, la cultura de la denuncia, y la gran mayoría no lo hace porque son delitos menores, o por miedo porque la gente está amenazada, o bien, por la enorme desconfianza que le tiene la ciudadanía a las instituciones [policías, fiscalías, jueces], al sistema de justicia”.
Puntualizó que de los otros 20 delitos que sí se denuncian, muchos “no prosperan, no avanzan” y no se resuelven porque las fiscalías de los estados están rebasadas.
Ejemplificó con la de Zacatecas, que recibe 30 mil denuncias al año, lo que significa que un policía investigador o un fiscal no investiga uno o dos delitos, sino 200 o 250, por lo que hay una gran cantidad que no se investigan porque, con las herramientas que tienen actualmente “es humanamente imposible”.
Pero, dijo, los que sí se investigan e incluso se judicializan, en Zacatecas se tiene el primer lugar a nivel nacional en vinculaciones a proceso, 91 por ciento de las sentencias que se dictan en materia penal son condenatorias.
Lo que sigue
El magistrado presidente está a poco más de seis meses de culminar su periodo, lo que sigue, comentó, “es cerrar bien”.
Afirmó que existe el proyecto de cuatro Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) en “Tlaltenango, para atender los distritos de esta demarcación y el Teúl de González Ortega; Río Grande, para que atienda los distritos de este municipio y Miguel Auza; Jalpa para los distritos de aquí; Juchipila, Nochistlán y Sombrerete gracias al apoyo de los presidentes municipales”.
Finalmente, comentó que se establecerá en próximos días una oficina de apoyo a litigantes foráneos en el palacio de justicia, pues muchos abogados acuden a la capital a atender juicios y no tienen dónde trabajar, por lo que se les brindará este espacio para que puedan apoyarse.
