Por Eduardo Martín Piedra Romero
Recientemente, y a propósito del mes de orgullo LGBTI+, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló algunos datos que se abordan en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada en el 2021. La encuesta tenía por objetivo identificar a la población de la diversidad sexual y de género que habita en México para conocer sus características sociodemográficas: educación, empleo, acceso a servicios de salud, salud mental, sexualidad, familia, vivienda, entre otras cosas. Esto, con la intención no sólo de dimensionar y conocer a esta población, sino con el objetivo de tener mayor precisión respecto a sus condiciones y que esa información sirva para la creación de instituciones y políticas públicas que la atiendan.
Este ejercicio probabilístico tiene como características metodológicas un periodo de levantamiento de casi seis meses durante el 2021, donde la vivienda, los hogares y las personas elegidas de 15 años y más sirvieron de unidades de observación. Asimismo, el método de recolección utilizado fue mediante un cuestionario electrónico, así como entrevista cara a cara y el uso de audios para temas sensibles —relativos a experiencias particulares.
El tamaño de la muestra levantada es de 43,737 viviendas de muestra efectiva, que representan a los 36.4 de millones de viviendas habitadas que existen en todo el país. También la muestra de personas atiende a 44,189 personas de 15 años y más, que representan a los 97.2 millones de las personas mayores a 15 años que viven en México.
Entre los resultados salta a la vista la estimación de que si en México viven 97.2 millones de personas mayores a 15 años, al menos 5 millones de personas se autoidentificaron con una orientación sexual o identidad de género propias del espectro LGBTI+. Es decir, 1 de cada 20 personas mayores a 15 años se autoidenfica como LGBTI+.
Las entidades federativas con mayor población LGBTI+ son el Estado de México (490 mil), Ciudad de México (311 mil), Veracruz (308 mil), Jalisco (298 mil) y Nuevo León (286 mil). Esto tiene sentido debido a la densidad poblacional que existe en la Zona Metropolitana del Valle de México, en Guadalajara y en Monterrey, por ejemplo. Mientras que los estados con menor monto de personas de la diversidad sexual y de género son Baja California Sur (33,549), Nayarit (43,800), Colima (50,400), Campeche (51,600), Tlaxcala (62,600), Zacatecas (75,200), Aguascalientes (80,600) y Tamaulipas (87,600).
Además, la encuesta tiene otros datos interesantes. Por ejemplo, de esos 5 millones de personas, el 3.1% son mayores a 60 años, es decir, 155 mil. Eso nos permite pensar en las personas LGBTI+ más allá de la juventud y preguntarse ¿qué políticas públicas se destinan en la senectud? ¿Cómo viven, en qué condiciones?
De esos 5 millones, aproximadamente 4.6 millones tienen una orientación sexual distinta a la heterosexualidad, es decir, son lesbianas, gays o bisexuales. Y, según la encuesta, el 43.4% se dio cuenta de su orientación sexual antes de los 7 años. Seguido de la adolescencia, de 12 a 17 años, con un 34.1%, y luego en la juventud —de 18 a 29 años— con un 16.1%.
Del casi millón de personas trans que hay en el país (aproximadamente son 908.6 mil), el 62.4% manifestó darse cuenta que su forma de ser o actuar no correspondía con su sexo de nacimiento, seguido de un 20.3% que se dio cuenta entre los 12 y los 7 años. Sorprende, además, que al menos un 27.5% de las personas trans manifiestan que nadie sabe de su identidad de género. Lo que significa que, en México, las personas trans aún no se sienten lo suficientemente seguras para admitir públicamente la identidad de género con la que se identifican.
Ahora bien, en lo relativo a las relaciones con los padres, se puede ver que todavía existen personas con prejuicios relativos a la sexualidad y el género. De los 4.6 millones de personas LGB, un 16% menciona que sus padres se molestaron, agredieron, ofendieron, dejaron de hablar o corrieron de sus casas, y un terrible 9.8% fue obligado por sus padres a asistir a un psicólogo, médico, autoridad religiosa o institución con el fin de corregirle. Con las personas trans las cifras son aún más alarmantes, pues de las 908.6 mil personas que hay en el país, un 22.2% señala haber tenido alguna especie de conflicto con sus padres y un 13.9% dice haber visitado, de manera obligada, a algún psicólogo, médico u autoridad religiosa.
En el mismo tenor, de los 5 millones de personas LGBTI+ en el país al menos 1.4 millones mencionó haber tenido ideación suicida o algún intento y un 57.2% dijo que era por problemas familiares y de pareja.
Lo anterior no sólo es lamentable, sino alarmante. En el país urge legislar, de manera sensata y no necesariamente punitiva, el tema de las terapias de conversión. Pues el tipificar a las ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género) como delito no garantiza que las personas trans ya no sean enviadas con alguna autoridad religiosa, médica o moral para ser “convertidas a la normalidad”. Sino que se requiere de una política integral que ayude a visibilizar, normalizar y naturalizar todas las expresiones de la sexualidad, así como el espectro de las identidades de género. Eso significa, entre otras cosas, una educación sexual laica, libre de estereotipos y ajena de cualquier prejuicio moral que condene a la diversidad sexo genérica.
Sin duda la encuesta es un esfuerzo importante que da para hacer análisis más profundos, relativos al diseño de una agenda progresista y una política pública federal encausada a entender y desarmar el problema estructural de la discriminación. Las tareas pendientes para con la población LGBTI+ son muchas: homologar el código civil para garantizar el matrimonio igualitario (hay estados donde aún no está expresamente en la constitución); legislar para garantizar el cambio de identidad y rectificación de nombre para las personas trans; el libre acceso a la salud sexual y salud mental; capacitación para el funcionariado público; acceso a candidaturas; derecho al trabajo; hablar de las infancias trans; tipificar los crímenes de odio y los transfeminicidios; inclusión laboral y vejez en las personas LGBTI+, entre otras.
Pero, por ahora, quizá lo más importante sea comenzar haciendo conciencia sobre la distinción entre ser una minoría y ser tratados como una minoría. Pues a menudo el argumento que se utiliza para desestimar a las poblaciones LGBTI+ se fundamenta en un principio moral-religioso utilitarista que dice que, al ser pocas las personas LGBTI+, no es necesario abordar sus problemas sociales respecto con el de otras poblaciones de mayor cifra. No obstante, los datos arrojados en esta encuesta invitan a pensar que la población de la diversidad sexo genérica no es menor, de hecho, es mayor incluso que algunas ciudades del país como León, Guadalajara o Acapulco.
Lo que significa que sólo por prejuicios y discriminación se construyó una reticencia a hablar en el espacio público del tema y es por ello que hemos sido tratados como minorías, pero nuestra presencia ya es un hecho insoslayable.
