ESAÚ RINCÓN ZAMORA
Una de las contribuciones más importantes en la sociología, sin duda se le debe a Pierre Bourdieu. Gracias a su trabajo, se amplió el panorama reflexivo y crítico de los fenómenos sociales. El intelectual francés, que entre otras cosas realizó un estudio sobre las escuelas de arte, aportó una serie de ideas novedosas y capaces de aplicarse a otras disciplinas. De ahí que través de conceptos como el de campo, fue posible una relectura a las disputas y relaciones sociales al interior de espacios que tradicionalmente se habían mostrado neutrales, como el del derecho.
De ese modo, a luz de esas aportaciones, el campo del derecho puede caracterizarse como un área bien delimitada, donde ciertos agentes con recursos muy específicos interactúan de manera contenciosa entre sí, con el Estado y otras instituciones, con el afán de hacerse del poder que subyace en dicho terreno. Sin embargo, con la irrupción de los medios de comunicación digitales, este y otros campos se transformaron por completo, y si bien los grupos subordinados pudieron aprovecharse de lo digital como un recurso alternativo y eficaz para la movilización contrahegemónica, también funcionó como un arma de doble filo.
Bajo ese contexto, cuando un reclamo o demanda proveniente del campo aparentemente neutro del derecho, ingresa al terreno de las redes sociales, inevitablemente se somete al escrutinio de la vitrina pública. Así, el ingreso a una dimensión como ésta de algo que pertenece a las lógicas del deber ser y por ende susceptible de atenderse por el Poder Judicial, la Fiscalía o la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente, adquiere otros significados. Por un lado, aspectos que normalmente están exentos de cuestionamientos o cuya aceptación aun no está generalizada, ahora logran insertarse en el centro de atención. Por otro, al tratarse de un suceso de gran impacto, se presentan diversas oportunidades políticas, que están disponibles para todo tipo agentes, incluso aquellos con claros intereses personales, que deciden aprovecharse de eso sin importarles el desenlace que se tenga.
Así, una persona que tenía todo a su favor y se movilizó para beneficiarse no sólo a ella, sino a otras personas en una situación similar, pierde injustamente esa posibilidad para ser objeto de una práctica propia del campo de las redes sociales: la funa. Esta práctica, se vincula con la malversación de los hechos y la rápida difusión de fakes news, que producen una infinidad de juicios basados en agravios, insultos y todo tipo de comentarios que apelan a la violencia y que indudablemente trastocan el ámbito jurídico, pero sin recurrir a la verdad. Ante ello, conviene que se piense dos veces si vale la pena caer en el juego de la mediatización, sobre todo en asuntos que involucran a menores de edad.
Un episodio reciente, que puede tomarse como ejemplo de esto, es el caso de la denuncia pública que realizó Fátima Espinoza Pérez. Quien a través de una movilización digital donde participaron familiares y conocidos, logró la atención de la Fiscalía del estado, y por supuesto de los medios de comunicación en Zacatecas, en un problema, que ha dicho de la propia manifestante, involucra a una menor de edad. Desafortunadamente, la secuela de un procedimiento que normalmente requiere un trato y cuidado sin igual, como éste, se alteró y trajo múltiples consecuencias. Como la revictimización de familiares y del resto de las personas involucradas en el asunto, a través de la funa. Donde dicho sea de paso, la gran mayoría de los pronunciamientos expuestos en la arena digital, no provenía de las autoridades competentes. Lo que también habla de una deficiente asesoría hacia la víctima, pues lejos de brindarle el auxilio y protección que supone toda defensa legal, pone entredicho el desempeño del profesional a cargo de ella al permitirle exponerse de esa manera.
En ese sentido, fuimos testigos de una variante de las prácticas más inusuales del campo del derecho. Me refiero al linchamiento, pero en su forma digital que al igual que la pública, le son propios ciertos elementos que ahora menciono. La ineficacia, la omisión y la desconfianza hacia las autoridades, aunado al entorpecimiento que asesores legales poco preparados produce, o la injerencia de activistas de ocasión, que más bien obstaculizan el problema en afán de protagonismo.
Para concluir, con el linchamiento en su variante digital y la funa, como una extensión aceptada de la justicia por propia mano, queda expuesta la necesidad de repensar las prácticas al interior del campo del derecho y el rol de sus agentes frente a lo digital. De igual modo, quedan al descubierto las deficiencias que existen en torno a las instituciones de procuración de justicia y la profunda violencia que caracteriza a nuestra sociedad, como Gema Kloppe lo menciona en su libro “En la vorágine de la violencia” al hablar de los linchamientos públicos en México.
