CAROLINA DÍAZ FLORES
La menstruación, un proceso biológico natural, ha sido históricamente rodeada de tabúes y estigmas que han limitado el acceso de las personas menstruantes a productos de higiene adecuados, educación y servicios de salud. En los últimos años, diversos países han comenzado a reconocer la gestión menstrual como un derecho humano, implementando políticas públicas para garantizar una menstruación digna. Sin embargo, los avances son desiguales y los desafíos persisten.
México: avances legislativos y desafíos actuales
En México, la eliminación del IVA a productos de higiene menstrual en 2022 fue un paso significativo hacia la equidad menstrual. Sin embargo, su impacto en los precios ha sido limitado, ya que muchas marcas no redujeron los costos para las usuarias, y un porcentaje considerable de mujeres sigue sin poder costear estos productos.
A nivel educativo, sólo 15 estados han reformado sus leyes para incluir la educación menstrual y la distribución gratuita de productos en escuelas. Esto deja a millones de niñas y adolescentes sin acceso a información y recursos adecuados, afectando su asistencia y rendimiento académico.
En el ámbito laboral, seis estados han implementado licencias menstruales para trabajadoras del sector público, permitiendo ausencias justificadas por dismenorrea. No obstante, esta medida aún no se extiende al sector privado, generando desigualdades entre trabajadoras.
Escocia y Cataluña: modelos a seguir
Escocia se convirtió en 2020 en el primer país en garantizar por ley el acceso gratuito a productos menstruales, distribuyéndolos en escuelas, universidades y edificios públicos.
En 2024, Cataluña implementó un programa que proporciona gratuitamente productos menstruales reutilizables, como copas menstruales y ropa interior absorbente, a través de farmacias. Esta iniciativa busca combatir la pobreza menstrual y reducir el impacto ambiental de los productos desechables.
Licencias menstruales: avances y retos
España introdujo en 2023 una ley que permite a las mujeres con menstruaciones incapacitantes acceder a una licencia médica remunerada. Sin embargo, su uso ha sido limitado debido a requisitos estrictos, como la necesidad de un diagnóstico previo, y al estigma asociado.
En Asia, países como Japón, Corea del Sur y Taiwán han implementado licencias menstruales desde hace décadas. No obstante, su efectividad ha sido cuestionada, ya que muchas mujeres evitan utilizarlas por temor a la discriminación laboral.
Conclusión
La legislación menstrual es un paso crucial hacia la equidad de género y la justicia social. Si bien países como Escocia y Cataluña han establecido modelos ejemplares, México enfrenta el desafío de consolidar políticas integrales que aborden la educación, el acceso a productos y los derechos laborales relacionados con la menstruación. Es fundamental que las autoridades, la sociedad civil y el sector privado trabajen conjuntamente para garantizar que todas las personas menstruantes puedan vivir su ciclo menstrual con dignidad y sin obstáculos.
