Miriam Serrano
No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, la madrugada de este miércoles con 259 votos a favor se aprobó en lo general la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 205 votos en contra y una abstención, aún falta camino por recorrer.
Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que establece las directrices sobre cómo se debe gobernar, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ni el propio presidente de la República está por encima de ella, pues él cuando tomó posesión del cargo juró guardar y hacer guardar la ley.
Pues bien, lo sucedido con el Poder Judicial de la Federación da muestras de la arbitrariedad con la que actúa quien hoy por hoy ostenta el poder en el país, con un embate directo y sin el menor respeto a la división de poderes y la autonomía de los mismos, que si analizamos lo que sucede en el Legislativo, claro está que esa autonomía no existe y pretende someter a la misma suerte al Judicial.
Bien lo señaló el magistrado presidente del Poder Judicial en el Estado, Arturo Nahle García “la Constitución está por encima del presidente”, aunque se resista a entenderlo de esa manera.
La labor de la impartición de justicia en el país es toral para intentar lograr los equilibrios, ello ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los mexicanos en todas las aristas posibles, los abusos de actos de autoridad, las arbitrariedades, la no prestación de servicios elementales son pequeñas muestras de todas las tropelías que día con día se cometen contra los ciudadanos.
De ahí la importancia de que exista un estado de derecho y una instancia a la que la sociedad pueda acudir ante estos embates, amarrarle las manos con el control del presupuesto es una clara muestra dictatorial, pues todo lo que no suceda como él lo espera o desea se convierte en un error del conservadurismo, como lo es el hecho de que muchas de las sentencias que se han dictado por actos violatorios de derechos humanos les haya salido en contra.
El tiro final aún no sucede, pues afortunadamente hay mecanismos de defensa como las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por parte de los senadores opositores, acciones que serán torales para dar la batalla hasta el final y evitar tal atropello.
Se habla de privilegios, de oropel y vacas sagradas desde el palacio nacional hacia el Poder Judicial de la Federación, pero se deja de lado la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, si no es este poder, entonces, ¿a dónde podrá acudir todo ciudadano que haya sido vulnerado en sus derechos?, ¿a dónde recurrirá quién ha sido víctima de abusos y arbitrariedades de la autoridad?
Esto es un tema de fondo, la cuestión presupuestal es solo la punta del iceberg de lo que realmente pretende lograr el presidente de la república, que es el control del poder judicial para que actúe con base a sus intereses propios y no a los intereses de la nación.
La batalla continúa y segura estoy que se dará hasta el último aliento, pues debe demostrarse que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la república. AL TIEMPO.
