MIRIAM SERRANO
La manifestación de los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) continúa, pese a las advertencias del fiscal Francisco Murillo Ruiseco y del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, de que no resolverán la situación hasta que se liberen las instalaciones.
En conferencia de prensa, el personal de la FGJE informó los resultados de la reunión de este lunes con Murillo Ruiseco, Reyes Mugüerza y autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y de la Coordinación Jurídica del Estado.
Puntualizaron que los funcionarios les afirmaron que no hay respuesta a las solicitudes realizadas desde hace más de un mes.
Además, reprocharon que esta disposición fue una imposición del gobierno del Estado para los manifestantes, pues se les amagó con que, a menos que liberen las instalaciones tomadas, se llegaría a una mesa de negociación, pero no a una solución concreta respecto a porcentajes y fechas para solventar las peticiones.
Por lo anterior, se consensuó la determinación de resistir en el bloqueo, ya que, explicaron, en la última reunión, las autoridades de la FGJE les informaron que en la siguiente junta se daría una respuesta concreta “y no fue así”.
Los quejosos plantearon como una posibilidad la liberación de las instalaciones, “como una muestra de cooperación para no seguir afectando a los zacatecanos”, pero no aceptaron, pues aseguraron que no hay flexibilidad de Reyes Mugüerza y exigieron 100 por ciento del cumplimiento de las peticiones.
De igual forma, aseguraron que tienen evidencia de que recibieron denuncias y que hay personas detenidas.
Aclararon que en el edificio de fiscalía no está el personal para la atención de denuncias porque ellos mismos emitieron indicaciones (los titulares de cada área) el viernes de que se retiraran del lugar para que no se viera mayor personal y garantizaron que no se les impide que realicen sus labores.
Sin liberación, no hay negociación: secretario
El secretario general de Gobierno afirmó que no negociarán ni buscarán una solución hasta que no liberen los espacios de la FGJE.
“No necesitamos intermediarios, de coyotes, de pseudolíderes que tratan, y quiero subrayar la palabra tratan, de manipular estos movimientos y de tener una injerencia que no necesariamente está enfocada a dar cumplimiento a estos derechos”.
Puntualizó que para analizar la situación se necesita del diálogo y no de la negociación, porque hay temas que no pueden negociarse, pues como gobierno deben revisar los salarios de las personas que trabajan en fiscalía y lo que se sabe es que desde hace cinco años no se recibe un aumento.
El análisis, indicó, es para saber quiénes ganan menos en la fiscalía, así como cuántas personas e iniciar un proceso de dignificación salarial y justicia social; sin embargo, la condición que se pide es la liberación de las instalaciones “porque lo que se está bloqueando la procuración de justicia, la seguridad de los zacatecanos”.
Se buscan soluciones desde el inicio: fiscal
Murillo Ruiseco afirmó que desde que las manifestaciones iniciaron se atienden a los trabajadores a través de mecanismos y se buscan soluciones de fondo; asimismo, destacó las veces que ante los legisladores puso de manifiesto la situación de la FGJE.
Aseguró que se avanza en las mesas técnicas de trabajo con la Sefin para determinar la posibilidad de ese aumento salarial: “es una demanda justa y necesaria de los trabajadores y las trabajadoras”, añadió.
Indicó que el avance es importante; sin embargo, agregó que para avanzar se requiere la liberación de las instalaciones con el fin de atender a la ciudadanía, por lo que reiteró el llamado a los trabajadores para avanzar y resolver la situación en un primer momento del aumento salarial.
Destacó que hay otros temas pendientes de atender y que en el mismo sentido, para poder resolver ajustes en el personal y realizar los cambios necesarios, es necesario que estén abiertas las instalaciones.
“Creo que estamos en condiciones a partir de este momento de que esta mesa lleve a un buen término y que se resuelva la problemática”, puntualizó.
El fiscal indicó que dentro de la institución hay armamento, armas de la Licencia Oficial Colectiva que los obligan las disposiciones federales a resguardar más de 400 armas cortas y más de 400 armas largas.
Explicó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública los obliga a resguardar la información, las bases de datos, por eso llamó a los manifestantes a que se les permita el acceso y cuidar y vigilar las responsabilidades que se tienen.
Comentó que en este momento no se sabe “cómo está la situación, pudiera darse la comisión de un hecho delictivo, configurarse e insistir, no son delitos del fuero común, son delitos federales”.
