Por Miriam Serrano*
Lo que sucede al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) es un tema que, por más que deseen terminarlo, no está agotado.
Resulta una paradoja que quienes catean resulten cateados, tal como lo señaló en una entrevista el magistrado presidente Arturo Nahle García.
Lo sucedido la semana pasada contra los trabajadores de la FGJE deja una clara muestra de que, como ciudadano, estás en la total indefensión contra las autoridades que, de acuerdo a la norma deberían de velar por tu seguridad y tu protección.
En los años que tengo como periodista muy pocas veces he visto que en la práctica suceda lo que se expresa en la frase “justicia pronta y expedita”, pues luego de que el fiscal, Francisco Murillo Ruiseco interpusiera una denuncia contra dos personas en particular, más quien resulte responsable de “n” cantidad de delitos catalogados en el orden federal ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de cuatro días se lograra que un juez federal librara una orden de cateo.
Es evidente que el principal objetivo, más allá de la revisión del estatus de las instalaciones y lo que en ella se resguarda, era liberarla de la toma de los trabajadores, quienes siguen sin ser escuchados, pese a que un día sí y otro también, las autoridades dicen que su demanda es legítima.
También es verdad que la procuración de justicia se ha visto vulnerada, que las víctimas no reciben la atención que se requiere; sin embargo, debe analizarse de fondo si antes del bloqueo de fiscalía, se les brindaba un servicio de primera, la respuesta es que tampoco.
La reflexión a la que llego es el hecho de que, a partir de esta realidad, debemos preguntarnos si a cada manifestación se le dará el mismo tratamiento, pues queda claro que, al hacerlo, se corre un gran riesgo de ser señalado como presunto delincuente y hasta terminar en la cárcel.
Las manifestaciones deben de realizarse con estricto apego a la ley y así comenzaron, eso es verdad, tal como lo es el hecho de que fueron minimizados y ello provocó que escalaran su protesta para ser escuchados y que les fueran resueltas sus demandas, ello tampoco ha sucedido.
Definitivamente no hay dinero que alcance para resolver todas las situaciones por las que atraviesa el estado; sin embargo, hay rubros prioritarios, pues así como se ha “atendido” a los pobres, también se requiere que se atienda y resuelva lo que sucede en el órgano encargado de procurar justicia.
Si decidieron hablar, luego de años y años de carencias y malos tratos, es porque lo que sucede al interior es insostenible.
El cateo realizado el pasado viernes sólo deja como muestra que, cuando se tienen los canales “adecuados”, la “justicia” fluye, sería interesante conocer cuántas carpetas de investigación se tienen en la FGR aún sin resolver y a qué obedeció la premura con la que se logró “liberar” las instalaciones de su homologo estatal.
Lo que no se termina de entender es que la infraestructura no funciona sola, requiere de la labor de los más de mil 600 trabajadores con los que cuenta la FGJE, entonces, ¿harán como que nada pasó?… AL TIEMPO
